Ola de denuncias por abusos del gigante del retail
fuente: Loreto Soto R,
http://radio.uchile.cl/noticias/97744/Dolor de cabeza causó en la empresa dueña de Jumbo el fallo que la obliga a indemnizar un gran número de clientes por el alza indebida en los costos de mantención de sus tarjetas de crédito y la denuncia sobre la posible “evasión de impuestos aduaneros” en productos supuestamente destinados a ayuda humanitaria. Prácticas que no son tan desconocidas para la mega empresa que, según aseguran sus empleados, “siempre actúa al filo de la ley” porque tiene "santos en la corte", entre ellos, el popular ministro Golborne.
Como un balde de agua fría cayó en las oficinas de avenida Kennedy el fallo de primera instancia del Décimo Juzgado Civil de Santiago que condena a la empresa Cencosud – dueña de Jumbo, Santa Isabel, Paris, Easy – a indemnizar por más de 37 mil pesos (1 UTM) a todos los afectados por el alza unilateral en el cobro de las comisiones de la tarjeta Jumbo Más durante 2006.
La demanda colectiva se gestionó luego que la firma anunciara un aumento en el costo de mantención de su plástico de 460 a 990 pesos, sin previa consulta a los clientes e interpretando el silencio de los usuarios como luz verde para el cobro, cláusulas consideradas como abusivas y que están debidamente sancionadas en la
Ley del Consumidor.
La compañía tampoco quedó muy contenta con el informe de Contraloría que constataba el congelamiento de los pagos desde la Onemi a la empresa ligada al empresario de origen alemán Horst Paulmann, por una serie de productos ingresados al país desde Argentina por el Paso Los Libertadores que venían rotulados como “ayuda humanitaria” después del terremoto, condición que los dejaba exentos del pago de tributos, en circunstancias en que fueron vendidos al Estado.
Por lo mismo, los parlamentarios DC Gabriel Silber, Pablo Lorenzini, Gabriel Ascencio y Aldo Cornejo, exigieron a las autoridades aduaneras que emprendieran las acciones legales correspondientes por este caso que, según indicaron, tiene todas las características de un fraude.
Estas son sólo las últimas irregularidades en las que se ha visto involucrado el holding de retail más grande de Sudamérica, que tal como calificó el vicepresidente de la Federación de Sindicatos de Cencosud, Raúl Morales, “siempre está al filo de la ley o derechamente vulnerando ciertos derechos sólo para sacar mayores utilidades por esa otra vía”.
Y es que cuando sólo en Jumbo se reportan ventas por más de mil 600 millones de dólares, las multas y eventuales sanciones quedan reducidas a cifras ínfimas que, generalmente, no significan grandes pérdidas para este tipo de empresas.La intrincada trama de los abusos.
El fallo de la Justicia sólo es una prueba más de la delgada línea en la que se mueven los retailers chilenos tanto con sus clientes como con sus trabajadores.
En este sentido, el presidente de la Organización de Usuarios y Consumidores (Odecu), Estefan Larenas, indicó que “tanto las grandes casas comerciales como los bancos llevan adelante estas malas prácticas. Hemos realizado estudios que constatan que los contratos de estas empresas están llenos de este tipo de cláusulas, por lo tanto, el hecho de que el tribunal haya refrendado y fallado a favor de los consumidores es algo positivo”.
Desde Cencosud ya anunciaron que apelarán a la resolución e indicaron que “el fallo representa un pronunciamiento de primera instancia, el que consideramos que no pondera adecuadamente los antecedentes que se proporcionaron al Tribunal, por lo cual se procederá a apelar dicha resolución ante la Corte de Apelaciones”.
Sin embargo, para el vicepresidente de la Federación de Sindicatos, las irregularidades en las que incurre Cencosud se han trasformado en una especie de “política institucional”, que no está establecida en el papel, pero que sí se manifiesta en la práctica. “Para ser una compañía que dice cumplir con la ley, con sus clientes y con sus trabajadores, cada cierto tiempo se rompe un cerco que desnuda una realidad totalmente distinta”, dijo Morales.
Prácticas que quedaron demostradas en el despido de un
universitario que trabajaba en el supermercado y que fue acusado de robo por sacar un lápiz de una caja de mercadería para cumplir con sus labores, en circunstancias que los empleados están autorizados a utilizar este tipo de insumos que después deben ser devueltos al módulo de informaciones. Más radical aún fue el caso de un grupo de empleados de medio tiempo que denunciaron que se
les pagaban sus jornadas laborales con vales para canjear por productos de la misma empresa. Un escenario que recordó los abusos de las salitreras en el siglo XIX.
Morales incluso señala que las autoridades fiscalizadoras son “reacias” a recibir las denuncias por malos tratos y que la burocracia de la nueva justicia laboral funciona como un colador para que los trabajadores desistan de su cometido en las distintas instancias.Con Santos en la Corte
La fuerte presencia y relevancia de Cencosud en Chile también queda plasmada en la enorme red de influencia y poder que, en la actualidad, se ha instalado incluso en el gobierno.
Las cláusulas abusivas a las que se refiere este fallo se pusieron en marcha cuando el actual ministro de Minería y el personaje mejor evaluado del oficialismo, según las últimas encuestas, Laurence Golborne, ocupaba la gerencia general del gigante del retail.
Además, el actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, integró el comité jurídico que defendió a la empresa en ese tiempo. Respecto de la resolución judicial, el secretario de Estado indicó que “como ministro en ejercicio no me corresponde hacerme cargo de las causas en las cuales tuve defensa o participé patrocinando como abogado antes de asumir mis labores”.
Pero el poder de tener un par de “santos en la corte” se hace sentir fuerte. En este sentido, Raúl Morales sostuvo que “vemos a dos ministros del actual gobierno, que fueron parte de una defensa corporativa y de un negocio particular que beneficia a algunos pocos. Si uno analiza en términos de las relaciones laborales y las escuálidas multas aplicadas por la Dirección del Trabajo nos encontramos con que Golborne hizo muy poco por los derechos de los trabajadores”.
En la misma línea, el diputado de la comisión de Economía, Fuad Chahín, lamentó que “gerentes de estas empresas permitan que se apliquen este tipo de cobros, tal como ocurrió con el caso de Jumbo, cuando en aquélla época, el actual ministro Laurence Golborne, era gerente general”.
Pero Golborne y Bulnes no son los únicos pesos pesados del retail que pasaron a la administración pública. El actual canciller, Alfredo Moreno, formó parte del directorio de Falabella, puesto que compartió con los dueños de uno de los holdings controladores de la multitienda (Bethia), que compró las acciones del Presidente Sebastián Piñera en LAN. Y es que todo queda entre amigos en el mundo del poder y los negocios.
